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Viernes, 22 de julio de 2011   |  Número 13 Año I
editorial
Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) y las empresas miembro de su Patronato han solicitado esta semana la retirada inmediata del proyecto de Orden Ministerial por el que se regula la prestación de servicios sanitarios y de recuperación por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que está realizando el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

El borrador de la orden estima que el 20 por ciento de las actuaciones asistenciales derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se está realizando con recursos ajenos a las mutuas, un volumen de pacientes que en adelante se derivaría al sistema público salvo en casos excepcionales. Esto podría generar un coste incremental superior a un 30 por ciento para las mutuas, penalizándoles así gravemente, ya que los costes asistenciales públicos son mucho más elevados a los equivalentes en la sanidad privada.

Como es lógico, dicha regulación supondría saturar aún más los servicios, hospitales y centros públicos ya de por sí desbordados en muchos casos, lo que incidiría en un incremento notable de los periodos de demora y listas de espera, generándose situaciones complejas en el acceso a la población a los servicios sanitarios, peligrando de esta forma uno de los principios básicos del Sistema Nacional de Salud y perjudicando, por lo tanto, al usuario en su conjunto.

Este proyecto de Orden Ministerial incide de nuevo en la falta de preocupación por un sector clave como el de la sanidad privada, que aporta el 2,51por ciento del PIB español (27,5 por ciento del gasto sanitario total) y genera más de 250.000 empleos cualificados. Dicha medida podría poner en serio riesgo de cierre a algunos centros sanitarios privados, especialmente medianas empresas y centros de rehabilitación, cuya facturación depende en buena medida de las mutuas laborales.

En el citado proyecto debería primar el interés general y la salvaguarda del sistema en su conjunto siempre en beneficio del paciente y el profesional sanitario tanto en su vertiente de aseguramiento y provisión pública o privada con el objetivo prioritario de aportar los mejores resultados de salud de la forma más eficiente posible. Una medida de esta índole podría provocar un incremento en la duración de las bajas laborales por las demoras existentes en el sector público con las consecuencias negativas que este fenómeno podría tener en el conjunto del sistema.

De todos es conocido que, desde su constitución, el IDIS viene apostando por la búsqueda de la complementariedad e integración de los dos sistemas de provisión y aseguramiento, público y privado, en sus diferentes formatos y modalidades en aras a la utilización eficiente de todos los recursos disponibles, evitando duplicidades e ineficiencia en el sistema, todo ello en beneficio de los usuarios de la sanidad en España.

En conclusión, desde el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) queremos dejar constancia de nuestro rechazo al proyecto de Orden Ministerial por el que se regula la prestación de servicios sanitarios y de recuperación por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que está realizando el Ministerio de Trabajo e Inmigración, ya que perjudicaría gravemente al paciente, al sistema y a todo un sector que aporta un enorme valor añadido al conjunto de la sociedad.

La solución a las deficiencias de nuestro sistema ha de pasar necesariamente por tener en cuenta a la sanidad privada a la hora de establecer los ejes estratégicos sobre los que pivotar un sistema solvente y eficiente con las características que le son innatas de acceso, universalidad y equidad.

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